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[Lunes 01-04-2013 10:10:12]    Paco Martínez Vega
• La oposición acusa al Ayuntamiento de buscar una “excusa para recortar”

El problema de la movilidad se agrava desde hace años en Granada. No solo en la capital, el área metropolitana, como en otras ciudades, es crucial. Para ello, el Ayuntamiento ha elaborado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, una propuesta integral con un horizonte bastante amplio, 2025. Pero será entre 2013 y 2014 cuando se acometerá, según la previsión municipal, la principal transformación que pivota en cuatro cambios: sistema de transporte público, aparcamiento, jerarquización del tráfico e impulso a la bicicleta. Al menos, sobre el papel.



El documento marco, que se ha elaborado durante 14 meses, desciende ahora al plano de lo concreto. El problema en sí nadie lo discute: la movilidad es un caos en una ciudad que soporta un tráfico muy superior a sus posibilidades. Ahora, si el Consistorio está decidido a resolverlo o se ha visto obligado a ello por la Ley de Economía Sostenible, que condiciona las subvenciones al transporte público a la existencia de un plan de ese tipo, es lo que el tiempo aclarará. De momento, no le faltan críticas a un proyecto que desde el Ayuntamiento, gobernado por el PP, defienden a capa y espada, al tiempo que recuerdan que es prácticamente “obligado” por la futura puesta en marcha del metro.

A quienes sostienen, como la oposición (PSOE, IU y UPyD), que el nuevo plan es una “excusa para recortar”, la concejal de Movilidad, Telesfora Ruiz, les replica que no quieren “ver la realidad”. La puesta en marcha del metro “obliga a acoplarse” al sistema porque hay una horquilla de entre ocho y diez millones de viajeros que “dejarán de utilizar otros transportes”, recuerda la edil aludiendo a las previsiones de la Junta para la línea 1 del metropolitano. En relación con eso, se reordena el eje Gran Vía-Reyes Católicos, que atraviesa el corazón de la ciudad, por el que pasan 15 líneas de autobuses urbanos y que se reducirán a una de alta capacidad (LAC).

La idea se lleva apuntando años, que funcione y sea una realidad es lo que no tienen tan claro ni los propios conductores de Rober, la empresa concesionaria. Los vehículos, que serán híbridos y tendrán una capacidad para 180 personas, contarán supuestamente con una frecuencia de tres minutos. De ese modo, el resto de líneas llegará a Caleta o Palacio de Congresos para evitar el solapamiento en el centro. “Si no es con una plataforma reservada es casi imposible garantizar esa frecuencia”, sostienen desde la Federación de Transportes de UGT.

Los taxistas, por su parte, batallan para poder seguir prestando su servicio de puerta a puerta, ya que la intención del Consistorio es que en ese eje solo paren en los sitios habilitados para garantizar la frecuencia del LAC. La organización gremial no está dispuesta y argumenta que más del 50% de sus servicios en la capital tienen como punto de inicio o final ese eje. Como medida alternativa, se ha decidido habilitar un carril bici en Gran Vía en el que los taxis podrían parar. La medida no convence a todas las asociaciones que defienden el uso de la bicicleta. La tildan de “chapuza” y peligrosa.

Para potenciar el uso de este transporte ecológico en Granada, que cuenta con apenas un 1% de usuarios, es necesario reducir el tráfico y también la velocidad actual de los vehículos. En línea con la progresiva peatonalización del centro ese es otro ambicioso objetivo del plan, que persigue que el 75% de la red viaria tenga un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora. Conectar los carriles bici del área metropolitana, crear aparcamientos específicos (hay puntos sin usar para un sistema de alquiler que no funciona) y formar en el uso de la bicicleta son prioridades, ya que pese a ser una ciudad universitaria, su uso no destaca en Granada. La cohabitación, actualmente, es difícil en numerosos puntos.

El cuarto de los pilares de este cambio que, si se produce, va a transformar la imagen de la capital son los aparcamientos. Una serie de colores distinguirán las áreas de residentes, libres y rotación en los distintos barrios, pero quizá la más importante se refiera a los aparcamientos de borde. Anunciados en reiteradas ocasiones, el Ayuntamiento ha pospuesto ahora la idea para en vez de habilitarlos, utilizar, con una tarifa especial, las plazas sin uso que hay en los ya construidos a la entrada a la ciudad. La negociación está en marcha.

En todo este proceso quedan muchos interrogantes y, de hecho, una de las críticas más repetida es la “improvisación”. Se van anunciando medidas a cuentagotas y con las alegaciones se ha modificado buena parte del plan. “Aun partiendo de algunas ideas buenas no tiene sentido en muchos aspectos”, critica el concejal de movilidad del PSOE, José María Rueda. “Es un plan para hacer caja”, critica, por su parte, Paco Puentedura (IU), quien subraya que “recortar en transporte público no tiene nada que ver con la sostenibilidad”. La intermodalidad, las conexiones con el metro, la incertidumbre sobre la ubicación de la estación del AVE, la comunicación del Albaicín y otras cuestiones plantean todavía muchas dudas para un problema que elección tras elección ocupa uno de los primeros puestos de preocupación ciudadana.

Una concesión de medio siglo

V.C.


Tras la aprobación definitiva del Plan de Movilidad Urbana Sostenible en pleno municipal, el Ayuntamiento de Granada ha iniciado la resolución de la concesión administrativa de establecimiento y explotación en régimen de exclusiva del transporte urbano con la empresa Rober, lo que inicia el proceso para convocar un nuevo concurso público, aunque el contrato era hasta 2022. En principio, la empresa va a litigar.

Los trabajadores temen la pérdida de puestos de trabajo (actualmente hay unos 360) y los grupos de la oposición en el Consistorio, el coste de “indemnizaciones millonarias”. La modificación planteada cambia de manera sustancial el contrato con la empresa, de hace más de 50 años, por lo que era preciso una actualización.

Esa resolución de la concesión no significa que la empresa vaya a dejar de prestar sus servicios, alega el Ayuntamiento, pero sí que tendrá que presentarse a un concurso al que podrán optar otras interesadas. El equipo de Gobierno quiere tranquilizar a los ciudadanos, que son quienes, en opinión de los sindicatos CC OO y UGT, van a “sufrir” la merma de un servicio esencial.

El Gobierno insiste en que su intención es mantener los puestos de trabajo, algo que se antoja difícil si la reducción de líneas y kilómetros supone una modificación de más del 20% del contrato. El Ayuntamiento se plantea reubicar el excedente de trabajadores en inspectores para la los vehículos de alta capacidad. Serán necesarios 15 de esos vehículos, que costarán alrededor de 15 millones de euros en total. El comité de empresa lo ve desproporcionado para una ciudad del tamaño de Granada. De todas formas, es previsible un retraso en los plazos que maneja el Ayuntamiento si es la empresa concesionaria la que tiene que encargarlos, puesto que antes debe estar resuelto el problema de la concesión.



Fuente: Elpais.com
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